«Apagón móvil» en las escuelas para impulsar el rendimiento académico
El panorama educativo español se transforma con la propuesta del Ministerio de Educación de prohibir el uso de móviles en las escuelas, sumándose a la tendencia europea.
Raül Adames, Director del Área de Colegios CEU, en Cuadernos de Pedagogía:
La propuesta del Gobierno sobre la restricción del uso de teléfonos móviles en los centros educativos, tanto en Primaria como en Secundaria ha generado debates y diferentes respuestas por parte de las comunidades autónomas.
Mientras algunas comunidades autónomas como Madrid, Galicia o Castilla-La Mancha, ya han implementado restricciones similares, la iniciativa nacional plantea la necesidad de una normativa uniforme, aunque en muchos lugares los centros ya tienen la autonomía para decidir sobre el uso de estos dispositivos.
Pilar Alegría ha presidido una reunión de trabajo con representantes de las comunidades autónomas para avanzar en la regulación del uso de los dispositivos móviles en los centros educativos en la que ha subrayado la importancia de «hacer frente a esta preocupación e inquietud social de manera coordinada. Se trata de contar con una postura común, escuchándonos los unos a los otros, que permita un consenso de mínimos para que luego las comunidades, dentro de su autonomía, puedan realizar sus recomendaciones o instrucciones en un asunto de gran importancia para la sociedad», ha señalado.
La propuesta sugiere un veto total en los colegios de Primaria, donde se considera que el uso del móvil no es un problema generalizado debido a que la mayoría de las familias comienzan a proporcionar teléfonos a sus hijos al ingresar a la secundaria, generalmente a los 11 o 12 años. En Secundaria, el uso del móvil se dejaría abierto al proyecto educativo de cada centro, y solo se permitiría en clase cuando el profesor lo considere necesario para su proyecto pedagógico.
«En caso de implementarse por todo el territorio español, nuestro país se unirá a una lista creciente de países europeos que ya han prohibido el uso de móviles en las aulas, como Francia, Italia, Grecia, Suecia, Macedonia del Norte y Rumanía, mientras que otros cinco países están considerando normativas similares»
Raül Adames, Director del Área de Colegios CEU
Dos de las comunidades, Murcia y Galicia, han actuado con rapidez y aplicaron el veto tras la vuelta de las vacaciones de Navidad. En Murcia, los estudiantes no pueden usar el móvil durante el horario escolar, incluyendo el horario lectivo, tiempo de recreo y periodos dedicados a actividades complementarias y extraescolares, a menos que esté expresamente previsto en el proyecto educativo del centro con fines didácticos. La prohibición abarca desde Educación Primaria hasta Formación Profesional.
En Galicia, por su parte, se ha entregado un nuevo protocolo para el uso del móvil en los centros educativos a la Xunta Autonómica de Directores. Aunque ya existía una normativa desde 2015 que se centraba en los periodos lectivos, el nuevo protocolo amplía la prohibición durante periodos no lectivos, como actividades complementarias, extraescolares, recreo o la hora del comedor. Se contemplan excepciones para casos estrictamente necesarios y justificados por motivos médicos, autorizados por la dirección del centro.
«La prohibición del uso de teléfonos móviles en las aulas variaba entre las comunidades autónomas en España»
Raül Adames, Director del Área de Colegios CEU
Otras comunidades se están uniendo a esta iniciativa. El Consejo Escolar de Canarias ha emitido un informe en el que sugiere a la Consejería de Educación que establezca un «marco regulatorio común restrictivo sobre el uso personal y recreativo de los teléfonos móviles en los centros educativos». El Consejo considera que esta normativa debe aplicarse en todas las etapas educativas no universitarias, incluyendo Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. El informe destaca que, aunque no se debe imponer una prohibición absoluta del uso de móviles en los centros educativos, es necesario establecer restricciones específicas según los niveles educativos. Esto se debe considerar teniendo en cuenta las edades y madurez del alumnado, así como situaciones personales particulares que justifiquen la tenencia del dispositivo durante el horario lectivo sin afectar la participación y la convivencia.
La prohibición del uso de teléfonos móviles en las aulas variaba entre las comunidades autónomas en España. Hasta ahora, la Comunidad de Madrid, Galicia (2015) y Castilla-La Mancha eran las únicas regiones que prohibían el uso de móviles en los centros educativos durante los periodos lectivos. En estas comunidades, la decisión de limitar el uso de dispositivos móviles fue implementada con el objetivo de mejorar el rendimiento académico y combatir el acoso escolar.
En el caso de Castilla-La Mancha, la prohibición se estableció en 2014 mediante la Ley de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia. Esta ley establece que los menores no deben mantener operativos teléfonos móviles ni otros dispositivos de comunicación en los centros escolares, salvo en casos expresamente previstos en el proyecto educativo del centro o en situaciones excepcionales debidamente acreditadas.
En Galicia, la prohibición se implementó en 2015, como ya se ha mencionado, durante los periodos lectivos, aunque los centros podían establecer normas para la correcta utilización como herramienta pedagógica de manera excepcional.
En la Comunidad de Madrid, la limitación del uso de teléfonos móviles se introdujo en el curso escolar 2020-2021 con el objetivo de mejorar el rendimiento académico y combatir el acoso escolar. La regulación madrileña prohíbe expresamente dispositivos electrónicos durante la jornada escolar, con excepción del material didáctico y de salud.
Por otro lado, Cataluña inició un proceso participativo para regular el empleo de teléfonos en las aulas. Este proceso, comenzó a mediados de noviembre, fue conducido por el Consejo Escolar de Cataluña (CEC), con la intención de elaborar un nuevo marco regulador que llegará a las escuelas próximamente. La propuesta busca homogeneizar los elementos de referencia para la regulación del uso de teléfonos móviles en los colegios catalanes. El objetivo es tener regulada esta medida en todos los institutos al comenzar el próximo curso en septiembre de 2024. De hecho, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mencionado en una entrevista que próximamente se implementará la restricción en el uso de móviles en Primaria.
María Carmen Morillas Vallejo, presidenta, FAPA Francisco Giner de los Rios, añade que «el aprendizaje en el uso responsable y adecuado de los dispositivos móviles afectaría de manera positiva en su utilización en las aulas y fuera de ellas». Existen múltiples recursos educativos por lo que «la escuela también debería determinar en qué momentos se deberían utilizar y tener claro que las tecnologías no monopolicen el aprendizaje; salidas a la naturaleza, las artes escénicas, la música… también existen. Dentro del aprendizaje debemos intentar potenciar y desarrollar distintas habilidades porque lo que en un momento determinado puede resolverse de una manera en otro momento podría resolverse de otra».
Tendencia europea
En caso de implementarse por todo el territorio español, nuestro país se unirá a una lista creciente de países europeos que ya han prohibido el uso de móviles en las aulas, como Francia, Italia, Grecia, Suecia, Macedonia del Norte y Rumanía, mientras que otros cinco países están considerando normativas similares. El debate sobre la prohibición de móviles en las escuelas ha estado presente en varios países debido a incidentes negativos, como la difusión de contenido inapropiado en grupos de WhatsApp. Sin embargo, la efectividad de estas prohibiciones aún está en debate, ya que no hay evidencias claras sobre cómo afecta el uso de móviles al rendimiento académico.
Aunque parece que toda la comunidad está de acuerdo, pero con matices, desde las familias creen que se puede legislar de otra manera.
La presidenta de Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA), María Capellán, sostiene que les parece más acertado, más que prohibir su uso, formar a las familias, el profesorado y el alumnado en un correcto uso del móvil. «Las familias somos conscientes de los riesgos que conlleva el uso de dispositivos tecnológicos, pero precisamente por eso creemos vital formarnos para evitar que nuestros hijos e hijas sufran estos peligros. Hablamos de ciberacoso, de adicción al móvil, de pérdida de concentración, de acceso a contenidos inadecuados como la pornografía».
Pilar Pérez, madre de una niña de 11 años (Caravaca de la Cruz, Murcia): «Como madre, veo cómo el teléfono puede convertirse en una distracción para mi hija y sus compañeros. La prohibición en las aulas es esencial para crear un ambiente de aprendizaje más concentrado. Además, creo que promoverá hábitos más saludables al limitar el tiempo que pasan frente a las pantallas y alentará a los niños a participar más activamente en las actividades escolares».
Nacho Martín, padre de un niño de 9 años (Vigo, Galicia): «Me parece una decisión acertada. Mi hijo a veces llega a casa contándome sobre videos de YouTube o juegos en clase. Limitar el uso de móviles durante las clases ayudará a que los niños se centren en lo que realmente importa: aprender. Además, estoy seguro de que esto contribuirá a reducir los problemas relacionados con el ciberacoso y el acceso a contenido inapropiado».
Ana García, madre de una niña de 13 años (Madrid): «Estoy de acuerdo con la prohibición de móviles en las aulas, aunque no valga de mucho porque los móviles están también fuera de las aulas. La escuela es un lugar para aprender y socializar, no para distraerse con dispositivos electrónicos. Mi hija se quejaba de que algunos compañeros estaban más preocupados por sus teléfonos que por la clase, por no hablar del acoso escolar. En Madrid se supone que están prohibidos, pero los alumnos sacan los teléfonos cuando no se dan cuenta los profesores».
Con respecto a esta última afirmación, Capellán asegura que «en la Comunidad de Madrid se prohibió la utilización de los dispositivos con la excepción de utilizarlo como herramienta pedagógica o si, por un motivo médico, fuera necesaria su utilización. Al final depende de cada docente y de cada centro por lo que es una regulación «fantasma» en cuanto a que no hay un posicionamiento claro, es ambiguo y termina siendo el centro el que determina o no su utilización. En todo caso esa medida tampoco ha supuesto una solución ya que hoy seguimos hablando del mismo tema a pesar de haber pasado varios años desde su publicación».
Integración tecnológica
El debate sobre este asunto se centra también en el papel de la tecnología, donde igualmente es esencial centrarse en la alfabetización digital y la formación del alumnado en lugar de simplemente prohibir el uso de dispositivos. No obstante, por otro lado, el problema excede de las propias aulas, puesto que los jóvenes utilizan sus dispositivos fuera de las escuelas, donde no hay control parental.
Por ello, se están llevando a cabo numerosos estudios sobre el impacto de la tecnología y el uso de móviles en el desarrollo de niños, así como en la calidad de la enseñanza. Informes de la Unesco y la OCDE ofrecen perspectivas diversas: el uso adecuado de dispositivos puede respaldar el aprendizaje, pero su uso inapropiado o excesivo puede afectar negativamente a estudiantes con bajo rendimiento académico. El informe PISA destaca que la distracción en el aula es una preocupación, sugiriendo que limitarla es crucial para el rendimiento y el bienestar. Aunque la prohibición de móviles puede reducir distracciones, se señala la necesidad de más investigación para comprender completamente su efectividad, ya que, en algunos casos, las prohibiciones podrían obstaculizar la autorregulación de los estudiantes. UGT, por ejemplo, aboga por más estudios para obtener resultados sólidos sobre la efectividad de la prohibición del móvil en las escuelas, al tiempo que destaca la importancia de apoyar al profesorado en la tarea de educar sobre el uso adecuado de la tecnología, requiriendo mayores recursos y autonomía pedagógica.
En esta línea, Raül Adame, director del área de Colegios del CEU, que destaca lo indispensable de «establecer leyes estatales y límites para el buen uso de las tecnologías porque, aunque sabemos que la educación es primordial, no es suficiente. En esta problemática existen varios responsables adicionales, como los creadores de contenido o los legisladores, que son quienes deben establecer límites en todos aquellos contenidos a los que pueden acceder nuestros hijos en la red y, sobre todo, tener en cuenta su madurez mental en función de la edad».
Y es que, en medio de la creciente integración de la tecnología en la vida cotidiana, la comunidad educativa expresa preocupación por el impacto potencialmente negativo del uso excesivo de pantallas en niños y adolescentes. La afirmación de que las pantallas distorsionan la percepción de la realidad y generan una disociación con la autenticidad ha desencadenado un debate sobre cómo abordar este fenómeno en la sociedad actual.
Igualmente, CCOO destaca que el abuso de la utilización de las tecnologías no se ciñe al entorno escolar o la infancia y la adolescencia, sino que se trata de un problema social y, como tal, es necesario que los poderes públicos lo aborden escuchando a las todas partes implicadas: familias, docentes, profesionales sanitarios, etc. Francisco García, secretario general de FECCOO, afirma que la prohibición del uso de móviles en horario lectivo, en los términos que ha propuesto el Ministerio, «es razonable». Ya en muchos centros está estipulado de forma similar y contribuye a un debate social necesario. No obstante, «no puede ser algo aislado ni es suficiente si queremos abordar adecuadamente una problemática de este calado con todas sus implicaciones, que son tanto educativas como sociales, y es necesario no dejarse llevar por las reacciones al calor de debates que deben ser matizados, argumentados y basados en las evidencias científicas de las que ya se disponen», entre las que se encuentran aquellas que señalan la aparición de problemas que afectan a la salud física, mental, sexual y social.
Desde CCOO creen que la responsabilidad y las acciones no deben recaer únicamente en los centros educativos. La problemática es tanto educativa como social, y se requieren medidas preventivas e intervenciones a diferentes niveles. Las acciones con familias y directamente con los menores son prioritarias en una intervención sociocomunitaria global, que involucre todos los servicios públicos, sociales y clínicos, con recursos adecuados. Se destaca la importancia de cambiar las pautas de uso de las tecnologías fuera del horario escolar para lograr una solución efectiva al problema.
«Las pantallas distorsionan la percepción de la realidad generando una disociación entre la realidad percibida y la realidad auténtica. Como consecuencia, se dificulta el desarrollo armónico del niño y del adolescente», sostiene Adame.
Aunque la conexión digital ofrece beneficios educativos y de entretenimiento, los críticos advierten sobre los posibles impactos en la salud mental, destacando la ansiedad y la depresión como consecuencias posibles. Además, la desconexión social y las dificultades en el desarrollo de habilidades sociales se perfilan como inquietudes adicionales derivadas del uso excesivo de dispositivos electrónicos.
En este contexto, Adame cree que las últimas leyes educativas, «con una propuesta académica pobre», acaban siendo «un factor de riesgo» para nuestros jóvenes porque no son alternativa al mundo que las redes les ofrece. «La profunda desmotivación de muchos docentes impide que sean adultos de referencia y que por lo tanto el vínculo con ellos se convierta en un factor protector para sus alumnos», añade.
«Aunque la conexión digital ofrece beneficios educativos y de entretenimiento, los críticos advierten sobre los posibles impactos en la salud mental, destacando la ansiedad y la depresión como consecuencias posibles».
Raül Adames, Director del Área de Colegios CEU
Desde la Federación de Enseñanza de USO esperan que, por el bien de los alumnos, docentes y sus familias, se llegue al mayor consenso para que esta cuestión se solucione de la mejor manera, siendo todos conscientes de que estamos ante un caso complicado que puede que se haya ido de las manos. Desde la Federación creen que los móviles suelen ser fuente de serios conflictos dentro de las aulas que afectan al funcionamiento de los centros, a las relaciones entre el alumnado y al crecimiento exponencial de las adicciones también entre los alumnos y alumnas.
Más allá de la prohibición
El uso de la tecnología en la educación va más allá de los smartphones y aplicaciones populares como TikTok. Existen diversos dispositivos, herramientas y softwares que contribuyen significativamente a mejorar la enseñanza. La implementación de inteligencia artificial (IA) en otros sectores profesionales es común, y la educación no debería quedarse atrás. Sin embargo, se destaca la importancia de adoptar la tecnología de manera reflexiva, evitando implementaciones apresuradas. Se subraya la necesidad de un enfoque calmado, prudente, con debate, reflexión y evaluación, aspectos que la gran mayoría de los centros educativos realiza de manera efectiva. Juan Chávarri, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) Madrid, insiste en que «no sería coherente que el ministerio prohíba el uso de las tecnologías al mismo tiempo que en su propia ley educativa lo promueve y lo entiende como una competencia necesaria». Por tanto, desde la patronal creen que para ayudar en atajar este «problema», se podrían incorporar algunas ideas que han planteado especialistas sobre esta cuestión y no solo establecer una prohibición:
- La verificación de edad e identidad (y, por ende, el no acceso) para las plataformas con contenidos inapropiados.
- El etiquetado de los contenidos, según edad, en las plataformas.
- El cumplimiento de las leyes vigentes de protección a la infancia y adolescencia (LOPIVI, Ley de Comunicación Audiovisual, DSA, etc.), y las sanciones correspondientes ante el incumplimiento.
- La formación obligatoria de las familias a través de escuelas de padres en los centros educativos u otros formatos que garanticen que las familias conocen los riesgos y saben cómo prevenir y actuar.
- La implantación de programas de formación para docentes y para alumnos.
Maribel Loranca Irueste, secretaria del sector Enseñanza de UGT Servicios Públicos, cree que «se necesita seguir trabajando en la formación digital de los docentes y del alumnado para lograr un uso correcto y saludable de los dispositivos móviles, y conocer sus riesgos y beneficios». Desde el sindicato reivindican la escuela como un espacio de aprendizaje y convivencia seguro, que potencie la interacción saludable de toda la comunidad educativa en donde la tecnología y el uso del móvil, en su caso, nunca sea un elemento que genere ningún tipo de discriminación ni desigualdad de oportunidades por razones socio-económicas, culturales o de cualquier tipo, y mucho menos ponga en riesgo la calidad de la enseñanza.